El suicidio asistido en Gran Bretaña.
Medio centenar de británicos han decidido acabar con su vida con la ayuda de amigos o familiares desde que se aprobaron las nuevas directrices que despenalizaban en este país el suicidio asistido.
Desde 2009 la policía inglesa ha remitido un total de 44 expedientes a la Fiscalía del Estado en los que se han encontrado pruebas sólidas que podrían conducir a la acusación de ayudar al suicidio. Este crimen sigue siendo punible con hasta 14 años de prisión.
Sin embargo, un caso célebre presentado hace dos años ante los tribunales por una asociación de derecho a morir condujo a la publicación de directrices que aclaraban que los sospechosos no serían acusados a menos que hubiera indicios de que habían obligado a la víctima a suicidarse o hubieran sacado provecho de su muerte. Nadie ha sido procesado desde que salieran dichas directrices a principios de 2010, a raíz de un puñado de casos penales anteriores, aunque un pequeño número de expedientes están siendo revisados.
Las cifras oficiales de la Fiscalía General constituyen la primera prueba oficial de la magnitud del suicidio asistido en Gran Bretaña. Otros casos sospechosos han podido ser sobreseídos por la policía o no se ha informado de ellos a las autoridades, por lo que no figuran en las estadísticas.
Keir Starmer, el fiscal general, ha dicho que, según sus datos, la incidencia del suicidio asistido está en aumento. "Ha habido más casos, no una gran explosión, pero más que antes. Creo que una de las razones por las que se han registrado más casos desde que se aprobaran las directrices sobre el suicidio asistido es que la gente se siente con más confianza para pasar a la acción y decir lo que han hecho porque saben con más claridad lo que les puede pasar".
Las guías de la Fiscalía se publicaron por orden de los magistrados del Supremo a propósito del caso de Debbie Purdy, una mujer con esclerosis múltiple que quería saber si su marido se enfrentaría a la cárcel si algún día la acompañara a una clínica de suicidio extranjera para poner fin a su vida.
Aunque los fiscales insistieron en que eso no suponía la legalización del suicidio asistido por la puerta de atrás, y que el Parlamento era el que consideraría cualquier cambio de largo alcance, su documento determinó que aquéllos que actúen por compasión es poco probable que se enfrenten a los tribunales.
Se establecen factores que hacen menos probable el enjuiciamiento, como el hecho de que la víctima tenga una clara voluntad para poner fin a su vida y que el sospechoso haya informado a la policía, proporcionando así a la acusación una pista para evitar la cárcel. Pero hasta los datos actuales no estaba claro el efecto sobre el número de casos.
Las cifras oficiales sobre la magnitud del suicidio asistido no habían sido fiables hasta ahora. Una pregunta parlamentaria en junio de 2010 llevó a la Fiscalía a decir que sólo se habían registrado tres casos en 2008-09. Sin embargo, los fiscales matizaron que esas cifras no eran muy exactas.
Es probable que los 44 expedientes abiertos en los últimos años incluyan los de enfermos terminales que hayan puesto fin a sus vidas con la ayuda de familiares en Inglaterra y Gales, así como los que viajaron a Suiza, donde la organización Dignitas ofrece dosis letales de barbitúricos.
Los datos disponibles mostraban que el número de británicos que ponían fin a sus vidas con la ayuda de Dignitas aumentaron de 15 en 2003 a 27 en 2009, mientras que otros cuatro murieron con la ayuda de otro grupo llamado Ex-Intemational.
La BBC, que ha sido acusada de actuar como una cheerleader de los intentos de legalizar el suicidio asistido, ha revisado los últimos momentos de la vida de Peter Smedley, un millonario británico con una enfermedad neurodegenerativa que eligió morir en Suiza (The Daily Telegraph 5-IX-2011, traducida por DM, 12-IX-2011).
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